Banquetas tomadas.

Calles invadidas.

Comerciantes formales compitiendo contra vendedores que no pagan renta, licencias ni enfrentan las mismas cargas fiscales.

Y ahora hay una cifra que retrata el tamaño del problema:

La Canaco-Servytur advierte que negocios establecidos en Cuernavaca están perdiendo hasta 50% de sus ventas ante el crecimiento del comercio ambulante.

Sí.

Hasta la mitad de sus ventas.

Mientras un comerciante formal paga renta, nómina, prestaciones, impuestos, permisos y cumple con Protección Civil, afuera puede tener un puesto vendiendo productos similares sin cargar con buena parte de esos costos.

Y el ambulantaje no apareció ayer.

Ha ido ganando banquetas y calles mientras el Ayuntamiento encabezado por José Luis Urióstegui tiene la responsabilidad de ordenar el espacio público.

El resultado está a la vista.

El problema creció.

Y ahora, según Canaco, algunos comercios están recortando personal o incluso considerando cerrar.

Entonces dejemos de tratar esto como una simple pelea entre comerciantes y ambulantes.

Es un problema de autoridad.

Porque cientos de puestos no aparecen por generación espontánea.

Alguien debe inspeccionar.

Alguien debe ordenar.

Alguien debe hacer cumplir las reglas.

Y cuando eso no ocurre, alguien también debe responder.

Después de años de gobierno de José Luis Urióstegui, la pregunta es inevitable:

¿Quién gobierna realmente las calles de Cuernavaca?

Porque para abrir un negocio formal te piden de todo.

Renta.

Impuestos.

Licencias.

Protección Civil.

Nómina.

Prestaciones.

Para tomar una banqueta, pareciera que las reglas son otras.

Y ahí está el absurdo.

Al comerciante que invierte, genera empleos y cumple, el Ayuntamiento le exige.

Mientras el ambulantaje sigue ocupando el espacio público.

En Cuernavaca al comercio formal le cobran por ocupar un local.

Al informal le dejaron ocupar la ciudad.

Y hay cifras que explican cómo se vive.

En Morelos, las víctimas de extorsión más que se duplicaron durante el primer semestre de 2026.

Entre enero y junio se registraron 388 víctimas, frente a 181 en el mismo periodo de 2025.

Un aumento de 114.4%.

Pero el número, por sí solo, no alcanza a contar la historia.

Hay que ir a Cuautla.

Ahí, según publicó Reforma, trabajadores de autolavados aseguran que integrantes del crimen organizado exigen 10% de las ganancias de cada turno.

Hasta ahí, tristemente, podríamos decir que conocemos la historia.

El derecho de piso.

Pero hay un detalle que cambia todo.

Según el testimonio recogido por el diario, los propios grupos criminales colocarían dentro de los establecimientos a supuestos “lavadores”.

No necesariamente para lavar coches.

Para contar cuántos entran.

Así calculan cuánto debe pagar el negocio.

Piénsalo un momento.

El crimen organizado ya no tendría que esperar afuera.

Se sienta adentro.

Observa cuánto vendes.

Hace sus cuentas.

Y después cobra.

Eso ya no se parece solamente a una extorsión.

Se parece a una especie de SAT criminal.

Con una pequeña diferencia:

éste no manda requerimientos.

Y todo ocurre en un estado donde el diagnóstico más reciente del gobierno estatal habla de nueve organizaciones criminales principales y al menos 20 células.

La zona oriente se ha convertido en uno de los puntos más delicados.

El 23 de julio fue asesinado dentro del Palacio Municipal de Temoac el alcalde Valentín Lavín Romero.

Días después, la investigación alcanzó a su círculo más cercano.

La Fiscalía detuvo a su esposa, Marisol Romero Zamora, presidenta del DIF municipal; al director de Seguridad Pública de Temoac, Geovany Emmanuel González Morellano; y a los padres de la funcionaria, por su presunta participación en una red dedicada a extorsionar comerciantes.

Las responsabilidades tendrán que determinarse ante los tribunales.

Pero el panorama merece una pregunta bastante sencilla.

Cuando un comerciante paga impuestos al gobierno y además una cuota al crimen organizado, ¿quién gobierna realmente esa calle?

Porque el problema de la extorsión no empieza cuando alguien entrega un sobre con dinero.

Empieza cuando abrir la cortina de un negocio significa pedir permiso a dos autoridades:

la que cobra impuestos

y

la que cobra por dejarte trabajar.

En Morelos, 388 víctimas en seis meses dicen que algo está pasando.

Y el aumento de 114.4% dice algo todavía peor:

está pasando cada vez más.

Más de 300 millones de pesos.

Ésa es la inversión en obra pública que el Ayuntamiento de Cuernavaca aprobó para 2026.

Una cifra de ese tamaño no sólo obliga a construir calles.

Obliga a construir confianza.

Porque cuando se invierte dinero público, la pregunta ya no es cuánto costó una obra.

La pregunta es otra.

¿Los ciudadanos recibieron la calidad que se les prometió?

Ése es el verdadero examen de cualquier gobierno.

No el banderazo.

No el corte del listón.

No la fotografía de inauguración.

El examen empieza cuando la obra entra en servicio.

Cuando pasan los primeros meses.

Cuando llegan las lluvias.

Cuando los vecinos vuelven a caminar por esas calles.

Y cuando los ciudadanos empiezan a preguntarse si aquello que pagaron realmente vale lo que costó.

En el Centro Histórico, el Ayuntamiento anunció una intervención integral en calles como Cuauhtemotzin, Mariano Abasolo, Motolinía y Nezahualcóyotl.

En Cuauhtemotzin, por ejemplo, se informaron dos contratos por 5.03 millones y 4 millones de pesos, que incluyeron pavimentación, sustitución de redes de agua potable y drenaje, banquetas y accesibilidad.

La promesa era clara.

No sólo renovar el pavimento.

Renovar infraestructura que llevaba años esperando atención.

Pero conforme avanzaron las obras también crecieron las dudas.

Comerciantes denunciaron pérdidas económicas por los cierres prolongados.

Hoteles reportaron una disminución en la ocupación.

Restaurantes hablaron de problemas con el suministro de agua y de gastos extraordinarios para contratar pipas.

Al mismo tiempo comenzaron a circular fotografías y videos compartidos por ciudadanos que cuestionaban la calidad de algunos acabados, señalaban detalles que consideraban inconclusos o preguntaban si realmente se ejecutó todo lo que originalmente se anunció.

La remodelación de la Glorieta La Luna también generó cuestionamientos públicos sobre si el resultado final correspondía a la inversión realizada.

No corresponde a este espacio emitir un dictamen técnico.

Pero sí hacer las preguntas que cualquier ciudadano tiene derecho a formular.

¿Se ejecutó todo lo contratado?

¿Se utilizaron los materiales especificados?

¿Las redes de agua y drenaje se sustituyeron donde estaba previsto?

¿Las correcciones fueron cubiertas por las garantías de las constructoras?

¿El costo final fue el mismo que se anunció al inicio?

Cada una de esas respuestas debería encontrarse en contratos, bitácoras, estimaciones y actas de entrega.

Porque cuando el dinero es público, la información también debe ser pública.

La calidad también forma parte del costo de una obra.

Una calle no sólo debe construirse.

Debe durar.

Debe funcionar.

Y debe corresponder a lo que los ciudadanos pagaron por ella.

Después de invertir más de 300 millones de pesos, la discusión ya no debería ser quién aplaude las obras y quién las critica.

La discusión debería ser mucho más sencilla.

¿La calidad de las obras corresponde al dinero que pagaron los ciudadanos?

Porque una obra pública no termina cuando se corta el listón.

Termina cuando, con el paso del tiempo, demuestra que el dinero de los ciudadanos fue bien invertido.

Mientras unos discutían sobre soberanía... un estudiante de 21 años apareció muerto en Sinaloa.

Mientras otros discutían sobre censura... un comando armado entró a un negocio en Cuernavaca: dos jóvenes murieron y cinco personas resultaron heridas.

Y mientras el debate seguía... en Civac, Morelos, encontraron a tres hombres ejecutados dentro de una vivienda.

Ahí está el problema.

No es que en México falten debates.

Sobran.

Esta semana se discutió la soberanía nacional.

Se discutió si los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias protegen a la sociedad o abren la puerta a la censura.

Cada quien defendió su postura.

Y todos tienen derecho a hacerlo.

Pero la violencia no espera a que termine el debate.

Mientras el país discute...

Hay una madre buscando a su hijo.

Hay otra despidiéndose de él.

Hay una ciudad acordonada.

Y otra despertando con una nueva escena del crimen.

No hay nada de malo en debatir.

Lo preocupante es cuando el debate se vuelve más constante que las soluciones.

Porque las conferencias terminan.

Los discursos cambian.

Las víctimas no.

Nos seguimos leyendo, pulgas.

No el que firma un funcionario.

El que se concede cuando nadie hace nada.

Porque los grandes problemas de un país casi nunca empiezan con un disparo.

Empiezan mucho antes.

Empiezan cuando alguien deja de investigar.

Cuando alguien deja de supervisar.

Cuando alguien deja de preguntar.

Cuando alguien decide que es más cómodo mirar hacia otro lado.

Y esta semana, esa historia volvió a repetirse.

El R1

El Gobierno federal anunció la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Con esa detención, la investigación suma 31 personas capturadas, entre presuntos autores materiales, operadores, reclutadores y funcionarios acusados de filtrar información al grupo criminal.

Es un avance importante.

Pero una estructura capaz de reclutar decenas de personas, infiltrarse en un gobierno municipal y planear el asesinato de un alcalde no aparece de la noche a la mañana.

Alguien la vio crecer.

Y alguien no la detuvo.

Temoac

En Temoac, Morelos, la Fiscalía detuvo a Marisol Romero Zamora, presidenta del DIF municipal y esposa del alcalde asesinado Valentín Lavín Romero.

También fue detenido Geovany Emmanuel González Morellano, secretario de Seguridad Pública.

No estamos hablando de un halcón.

No estamos hablando de un sicario.

Estamos hablando del corazón del gobierno municipal.

Y cuando una investigación llega hasta ahí, la pregunta deja de ser solamente quién delinquió.

También hay que preguntar:

¿Cómo pudo llegar el problema tan lejos?

Porque la corrupción tampoco nace en un día.

También necesita permisos.

China

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, inició una gira oficial de 10 días por China.

El objetivo anunciado: atraer inversiones y fortalecer la cooperación internacional.

Ojalá lo consiga.

Pero gobernar también significa rendir cuentas.

En 2023 realizó otra misión oficial, aquella vez a Japón.

Han pasado casi tres años.

Y las preguntas son bastante sencillas:

¿Qué inversiones llegaron?

¿Qué proyectos se concretaron?

¿Qué beneficios obtuvo Cuernavaca?

Porque los viajes oficiales no deberían medirse por las fotografías.

Deberían medirse por los resultados.

Las obras

La rehabilitación de la calle Abasolo implicó una inversión cercana a 4 millones de pesos.

Antes estuvieron otras obras millonarias, como la intervención de la glorieta de La Luna, que también provocaron cuestionamientos de vecinos y comerciantes por su ejecución y sus efectos.

No hay nada de malo en invertir recursos públicos.

Al contrario.

Las ciudades necesitan obra.

Lo que no se puede pedir a los ciudadanos es un acto de fe.

Cuando se invierten millones de pesos, también deberían existir millones de razones para confiar en que se gastaron bien.

Y entonces aparece el hilo que une todas estas historias.

En México dedicamos mucho tiempo a buscar culpables.

Y muy poco a encontrar responsables.

Celebramos las capturas.

Aplaudimos los operativos.

Inauguramos las obras.

Anunciamos los viajes.

Pero pocas veces hacemos la pregunta anterior al escándalo:

¿Quién tenía la responsabilidad de evitar que esto llegara hasta aquí?

Porque un culpable responde por lo que hizo.

Un responsable también debe responder por lo que dejó que ocurriera.

Los criminales jalan el gatillo.

Pero las organizaciones criminales no se vuelven poderosas en una semana.

La corrupción no invade un ayuntamiento en un día.

La desconfianza no nace con una obra.

Todo eso necesita tiempo.

Y, sobre todo,

necesita permisos.

No necesariamente los que llevan sello y firma.

Los otros.

Los silenciosos.

Los que aparecen cuando nadie investiga.

Cuando nadie supervisa.

Cuando nadie pregunta.

Cuando nadie quiere ver.

Porque los países no empiezan a perderse cuando aparecen los criminales.

Empiezan a perderse cuando quienes tenían la obligación de impedirlo dejan de hacerlo.

Nos seguimos leyendo, pulgas.

Cayó el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

Qué bueno.

Pero el crimen organizado no nace grande.

Crece.

Y la pregunta incómoda es inevitable:

¿Quién lo vio crecer y decidió no verlo?

También fue vinculada a proceso la “Sargento Estrellita”, señalada como presunta autora material del feminicidio de Dafne.

Porque las tragedias nunca empiezan el día de la tragedia.

Empiezan mucho antes.

Con amenazas.

Con violencia.

Con señales que alguien vio, alguien escuchó o alguien decidió ignorar.

En Cuernavaca, dos hombres terminaron baleados después de un altercado vial.

Antes, un pleito podía acabar en una mentada de madre.

Hoy puede acabar en una balacera.

Y detrás de muchas de esas balas aparece otro problema.

En Baja California, tres de cada cuatro armas decomisadas llegaron desde Estados Unidos.

Las drogas cruzan al norte.

Las armas cruzan al sur.

Los muertos se quedan aquí.

Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, España reforzó con el Ejército la frontera de Ceuta ante los intentos de miles de marroquíes por cruzar.

Porque nadie arriesga la vida por capricho.

Detrás de cada frontera también hay una historia que comenzó mucho antes de que alguien intentara saltarla.

Cinco noticias.

Cinco tragedias distintas.

Pero quizá una misma pregunta:

¿Cuántas veces tiene que tocar un problema a la puerta antes de que decidamos abrirle?

Porque cuando finalmente se convierte en tragedia, casi siempre hacemos lo mismo.

Investigamos.

Detenemos.

Reforzamos.

Explicamos.

Pero para entonces alguien ya está muerto.

Nos seguimos leyendo, pulgas.

A ver, Pulgas:

Hoy tampoco faltaron las noticias.

Lo que sigue faltando es el final feliz.

Primera.

Cae otra red de huachicol.

17 detenidos.
23 inmuebles asegurados.
266 millones de pesos decomisados.

El crimen organizado cambia de nombres.

No de negocio.

Segunda.

Tres personas fueron asesinadas en Guanajuato. Entre ellas, dos presuntos Servidores de la Nación, según fuentes locales.

Hasta ahora, nadie detenido.

Tercera.

Sigue la polémica por los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias.

Sus críticos advierten que podrían permitir que la autoridad determine qué información es falsa o descontextualizada.

El Gobierno sostiene que buscan proteger los derechos de las audiencias.

La discusión continúa.

Cuarta.

Un polvorín explotó en Ocotepec, Cuernavaca.

La detonación cimbró viviendas.

Vecinos rescataron a un joven atrapado entre los escombros antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Y si mañana todavía no aprueban la ley, aquí seguiré.

Picando. Incomodando. Cuestionando al poder.

Hay documentos que un gobierno presume.

Y hay documentos que un gobierno simplemente deja de mostrar.

Cuando eso ocurre, la primera pregunta ya no es qué dicen esos papeles.

La primera pregunta es por qué no los entregan.

Ésa era la pregunta que enfrentaba el Ayuntamiento de Cuernavaca.

Durante una sesión de Cabildo, el regidor Alan Moreno Domínguez denunció que diversas dependencias municipales continuaban sin entregar expedientes de obra pública, contratos, adquisiciones y documentación relacionada con el uso de recursos públicos.

Y había un dato que hacía especialmente relevante el señalamiento:

la propia Contraloría Municipal ya había emitido un apercibimiento para que la información fuera entregada.

No estamos hablando de papeles irrelevantes.

Estamos hablando de documentos que permiten conocer cómo se gasta el dinero público.

Entre la información que, según la denuncia del regidor, permanecía pendiente se encontraba:

• Contratos de Comunicación Social.

• Expedientes de obra pública.

• Rutas y calendarios del programa de bacheo.

• Información sobre el destino de materiales adquiridos con recursos públicos.

• Documentación administrativa relacionada con la SEPRAC.

¿Por qué importa?

Porque sin esos documentos resulta mucho más difícil responder preguntas bastante elementales.

¿Quién fue contratado?

¿Cuánto se pagó?

¿Qué se compró?

¿Bajo qué condiciones?

¿Y se recibió exactamente aquello por lo que pagaron los ciudadanos?

Ésa es precisamente la función de la transparencia.

No demostrar que existe corrupción.

Permitir comprobar que no la hay.

El antecedente

El asunto adquiere todavía mayor relevancia por un antecedente.

Meses antes se había señalado un presunto sobreprecio del 51% en un contrato para la adquisición de mobiliario adjudicado a una empresa cuyos accionistas, de acuerdo con información publicada entonces, tendrían vínculos con personas relacionadas con el área de Comunicación Social del Ayuntamiento.

Ese señalamiento merece una precisión:

un posible conflicto de interés o una diferencia de precios no demuestra por sí misma la comisión de un delito.

Pero sí justifica algo mucho más sencillo:

abrir los documentos.

Porque si los contratos pueden consultarse, cualquiera puede revisar los proveedores, precios, procedimientos y condiciones de adquisición.

Si no pueden consultarse, ocurre exactamente lo contrario.

Las dudas crecen.

La respuesta

El alcalde José Luis Urióstegui Salgado respondió que corresponde a la Contraloría investigar y, en su caso, sancionar a los funcionarios que incumplan con la entrega de información.

Tiene razón.

Ésa es una de las funciones de la Contraloría.

Pero existe una solución todavía más sencilla que una investigación:

entregar los documentos.

Porque la transparencia no consiste en asegurar que todo está en orden.

Consiste en permitir que cualquiera pueda comprobarlo.

Y cuando hablamos de contratos, adquisiciones y obra pública, no debería tratarse de una concesión del gobierno.

Es información sobre dinero que pertenece a los ciudadanos.

Por eso la pregunta permanece:

si el dinero es público, ¿por qué los documentos no lo son?

Cuando un gobierno deja de mostrar información que debería estar disponible, los documentos dejan de ser un trámite administrativo.

Se convierten en la noticia.

En Morelos ya no sólo se roban carteras.

Se pueden perder empresas completas.

No con armas.

Con expedientes.

Con sellos.

Con firmas.

Y con decisiones judiciales.

El caso parece sacado de un manual sobre cómo una disputa legal puede convertirse en un problema mucho mayor.

Una empresa con 69 años de historia.

El primer concesionario Nissan del estado.

El último activo tras el cierre de la planta de CIVAC.

Más de 550 familias dependían de ella.

Y, aun así, perdió el inmueble donde operaba.

El 23 de abril de 2026 se ejecutó el lanzamiento de Grupo Iragorri del predio donde se ubicaba su concesionaria en Cuautla.

Hasta ahí podría parecer un litigio más.

Lo que vuelve relevante el caso son las circunstancias en que ocurrió.

De acuerdo con el expediente, el lanzamiento se ejecutó cuando todavía existían cuatro recursos legales pendientes, la sentencia no había causado estado y la empresa ya había depositado 1.8 millones de pesos de caución, precisamente para evitar la ejecución mientras el proceso seguía abierto.

Y, aun así, el desalojo se realizó.

La pregunta ya no es quién ganó un juicio.

La pregunta es por qué se ejecutó una resolución mientras el propio proceso seguía abierto.

Porque cuando una decisión judicial se ejecuta antes de agotarse los recursos previstos por la ley, la confianza en el sistema comienza a deteriorarse.

Y la justicia depende, sobre todo, de la confianza.

Según la investigación de La Pulga, el caso tampoco puede analizarse de manera aislada.

Detrás aparecen nombres, nombramientos y relaciones que merecen escrutinio público.

Entre ellos, el del diputado Rafael Reyes Reyes, identificado en la investigación como una figura con influencia en la integración del Órgano de Administración Judicial, organismo responsable de decisiones relevantes dentro del nuevo Poder Judicial de Morelos.

La investigación también documenta que tres de los cinco comisionados tendrían vínculos políticos con su entorno.

Asimismo, señala que la jueza Teresa Romualdo Adaya, quien ejecutó la resolución, fue nombrada meses antes por ese mismo órgano.

El expediente también refiere que la resolución reconocería no haber analizado diversas defensas presentadas por la empresa, que existían recursos pendientes de resolver y que la caución ya había sido depositada.

Todo ello consta en documentos del propio proceso.

Otro elemento merece atención.

La investigación señala que el abogado de la parte actora mantiene vínculos familiares con una integrante del Órgano de Administración Judicial.

Esa circunstancia no constituye por sí misma una prueba de irregularidad, pero sí plantea un posible conflicto de interés que, en cualquier sistema de justicia, debería revisarse con absoluta transparencia.

Porque la confianza en los tribunales no sólo depende de que las decisiones sean legales.

También depende de que parezcan imparciales.

El fondo del asunto ya no es únicamente un predio valuado en varios millones de dólares.

Es la pregunta que deja este expediente.

¿Puede un ciudadano confiar plenamente en la justicia cuando las decisiones generan más dudas que certezas?

Ésa es una pregunta que no debería responder una columna.

Debería responderla el propio Poder Judicial.

Nos seguimos leyendo, pulgas.

Según la Real Academia Española, “sanguijuela” no sólo describe a un animal. También puede referirse a quien vive o se beneficia a costa de otros.

Ya nada parece tener la capacidad de sorprendernos.

La pregunta es otra:

¿Nos estamos acostumbrando a que nos chupen la sangre?

Porque los gobiernos rara vez se deterioran por un solo gran escándalo.

El desgaste suele empezar de otra manera.

Una compra que genera dudas.

Un posible conflicto de interés.

Un permiso difícil de explicar.

Un vehículo oficial utilizado para algo que no corresponde.

Un árbol que desaparece.

Una decisión que nadie termina de justificar.

Por separado pueden parecer historias distintas.

Juntas empiezan a parecer un patrón.

Y eso es precisamente lo que el Ayuntamiento de Cuernavaca, encabezado por José Luis Urióstegui Salgado, tendría que explicar.

Los muebles

Hace unos días, esta Pulga dio a conocer cuestionamientos sobre la compra de mobiliario por parte del gobierno municipal a una empresa presuntamente vinculada con personas cercanas a funcionarios del Ayuntamiento.

El señalamiento involucraba relaciones con el entorno del secretario de Comunicación Social, Jorge Jiménez, y de la secretaria particular del alcalde, Cindy Pérez.

La respuesta de Urióstegui fue que no existía ninguna irregularidad ni actuación fuera de la ley.

Puede ser.

Pero ésa no debería ser la última respuesta.

Debería ser la primera.

Porque cuando una operación pública involucra a personas relacionadas con quienes trabajan dentro del propio gobierno, la pregunta no es solamente si algo es legal.

También hay que preguntar:

¿Existió conflicto de interés?

¿Quién eligió al proveedor?

¿Qué otras propuestas participaron?

¿Era la mejor oferta?

¿Quién autorizó la compra?

¿Se cumplieron todos los procedimientos?

Eso es rendición de cuentas.

No pedirle al ciudadano que confíe.

Darle razones para hacerlo.

SEPRAC

También han surgido señalamientos sobre el uso de recursos públicos dentro de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca.

Entre ellos, presuntos familiares incorporados a la nómina y vehículos oficiales utilizados para fines distintos a las funciones institucionales.

Son señalamientos que deben probarse.

Pero también deben investigarse.

Porque existe una diferencia enorme entre ambas cosas.

No todo señalamiento demuestra una irregularidad.

Pero ignorarlo tampoco demuestra que no exista.

Y cuando hablamos de una institución encargada de proteger a los ciudadanos, el estándar debería ser todavía mayor.

Los árboles

Después llegó la polémica por el proyecto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la colonia Reforma.

La construcción del templo estuvo acompañada por la tala de numerosos árboles, provocando inconformidad entre vecinos y organizaciones.

En una ciudad que durante décadas presumió ser la ciudad de la eterna primavera, cortar árboles maduros nunca debería convertirse simplemente en un trámite administrativo.

Porque un permiso puede ser legal.

Y aun así ser una pésima decisión para una ciudad.

También surgieron cuestionamientos alrededor de la calle Santa Prisca y de los acuerdos vinculados con el proyecto.

Otra vez aparece la misma pregunta.

¿Quién autorizó?

¿Con qué criterios?

¿Qué recibió la ciudad a cambio?

¿Dónde están los documentos?

No debería ser complicado responder.

Y entonces aparecen las sanguijuelas

Quizá ahí está el verdadero problema.

No necesariamente en demostrar que detrás de cada decisión existe corrupción.

Eso corresponde a las autoridades competentes y, cuando exista evidencia, a las investigaciones periodísticas.

El problema está en otra parte.

En acostumbrarnos a que cada decisión pública venga acompañada de una explicación incompleta.

A que preguntar moleste.

A que solicitar documentos parezca una provocación.

A que los posibles conflictos de interés se respondan simplemente diciendo que todo está dentro de la ley.

Porque la legalidad es el piso.

No el techo.

Un gobierno también tiene que demostrar independencia.

Transparencia.

Criterio.

Y cuidado del dinero y del patrimonio que administra.

Porque ese dinero no pertenece al alcalde.

Ni a los secretarios.

Ni a los regidores.

Pertenece a los ciudadanos.

Y quizá por eso la metáfora de la sanguijuela resulta tan incómoda.

Una sanguijuela no necesita llevarse todo de una sola vez.

Le basta con quedarse ahí.

Pegada.

Absorbiendo poco a poco.

Hasta que alguien finalmente mira hacia abajo y pregunta:

¿Cuánto nos ha costado todo esto?

Ésa es la pregunta que el Ayuntamiento debería estar dispuesto a responder.

Con documentos.

Con contratos.

Con nombres.

Con cifras.

No con discursos.

Porque cuando se trata de dinero público, permisos públicos y patrimonio público, la confianza tampoco se regala.

Se demuestra.

Y mientras las respuestas no lleguen, los ciudadanos tienen todo el derecho de seguir contando.

Compra por compra.

Permiso por permiso.

Árbol por árbol.

Gota por gota.

Nos seguimos leyendo, pulgas.

En Cuernavaca, el problema ya no es el desastre.

El problema es que nos acostumbramos a él.

Poco a poco. Trienio tras trienio.

Nos acostumbramos a bajar la vara.

A la basura en las calles.

Al ambulantaje convertido en paisaje.

A los cortes de agua.

A las obras que cuestan millones y envejecen demasiado pronto.

A la inseguridad como ruido de fondo.

Y a escuchar explicaciones que casi nunca explican nada.

Hasta que un día sucede algo mucho más grave que el deterioro:

empezamos a pensar que así funcionan las ciudades.

Pero no.

No es normal.

La ciudad que aprendió a conformarse

El deterioro de Cuernavaca no comenzó con una sola administración.

Sería demasiado sencillo decirlo.

Viene de años de gobiernos improvisados, instituciones debilitadas y una clase política que confundió la llegada de la democracia con la desaparición de los estándares.

La alternancia prometía abrir las puertas.

Y las abrió.

El problema fue que demasiadas veces nadie se preocupó por revisar quién entraba por ellas.

Partidos sin filtros suficientes.

Candidatos sin preparación.

Funcionarios improvisados.

Grupos disputándose espacios.

Intereses particulares aprendiendo rápidamente que el gobierno podía convertirse en un magnífico negocio.

Confundimos apertura con ausencia de reglas.

Y la ciudad empezó a pagar la factura.

José Luis Urióstegui Salgado no inventó ese deterioro. Pero después de años al frente del gobierno municipal tampoco puede seguir administrándolo como si fuera una herencia inevitable.

En algún momento, gobernar significa hacerse responsable de lo que ocurre mientras uno gobierna.

Y para saber cómo estamos basta salir a la calle.

La basura

Cuernavaca destina cientos de millones de pesos al servicio de recolección y disposición de residuos.

Una cifra de ese tamaño debería traducirse en algo bastante sencillo:

una ciudad limpia.

Pero los ciudadanos siguen encontrándose con acumulaciones de basura, problemas de recolección y espacios públicos deteriorados.

Por eso la discusión no debería quedarse únicamente en cuánto cuesta el servicio.

Hay una pregunta mucho más importante:

¿Lo que recibe Cuernavaca corresponde a lo que paga?

Porque un contrato puede estar firmado.

Una factura puede estar pagada.

Un presupuesto puede haberse ejercido completo.

Pero al final existe una prueba mucho más difícil de maquillar.

La calle.

El ambulantaje

El comercio informal tampoco apareció ayer.

Forma parte de una economía donde miles de personas sobreviven como pueden.

El problema comienza cuando la excepción se convierte en sistema.

Calles ocupadas.

Banquetas bloqueadas.

Reglas aplicadas a unos y toleradas a otros.

Y una autoridad que demasiadas veces parece administrar el desorden en lugar de resolverlo.

Porque cuando una autoridad deja de poner límites ocurre algo inevitable:

el vacío también se organiza.

Y entonces recuperar el espacio público resulta mucho más difícil que haberlo cuidado desde el principio.

La seguridad

Aquí ya no hablamos de estética urbana.

Hablamos de miedo.

Las encuestas de percepción de inseguridad han colocado a Cuernavaca repetidamente en niveles que deberían provocar una discusión mucho más seria sobre la capacidad de las autoridades para proteger a sus habitantes.

A eso se suma otro problema:

una policía municipal debilitada durante años.

Menos elementos significan menos capacidad preventiva, menos presencia territorial y mayor presión sobre quienes permanecen en servicio.

Pero incluso los números se quedan cortos.

Porque la inseguridad también se mide de otra manera.

En el negocio que cierra temprano.

En la familia que evita determinadas calles.

En la mujer que modifica su ruta.

En el comerciante que instala otra cámara.

En el ciudadano que aprende a vivir mirando hacia atrás.

Una ciudad empieza a perderse cuando sus habitantes reorganizan su vida alrededor del miedo.

Y eso no debería normalizarse jamás.

El agua

Después está el SAPAC.

Probablemente uno de los mejores ejemplos de cómo una deficiencia institucional termina convirtiéndose en parte de la rutina.

Colonias con cortes.

Tandeos.

Fallas.

Pozos que requieren mantenimiento.

Redes deterioradas.

Y familias obligadas a buscar soluciones por su cuenta.

La paradoja es magnífica, si no fuera porque la pagan los ciudadanos.

Pagas por tener un sistema de agua.

Y cuando el sistema no responde,

pagas otra vez por la pipa.

Aquí pagas por el problema.

Y luego pagas por sobrevivir al problema.

Nos acostumbraron a normalizar el absurdo.

Porque eso sí:

en Cuernavaca todo se cobra, aunque no siempre funcione.

Las obras

Y llegamos al territorio favorito de cualquier gobierno:

la obra pública.

La fotografía.

El banderazo.

El corte del listón.

Los millones anunciados.

Ahí está la remodelación de la Glorieta de La Luna.

Ahí están las intervenciones en calles del Centro Histórico.

Ahí están los reencarpetamientos.

Nada de eso es malo.

Una ciudad necesita inversión.

Necesita mantenimiento.

Necesita renovar su infraestructura.

Pero cuando se gastan millones de pesos públicos, los ciudadanos tienen derecho a hacer preguntas bastante elementales.

¿Cuánto costó?

¿Qué se contrató?

¿Qué materiales se utilizaron?

¿Cuánto debería durar?

¿Se entregó exactamente lo que se pagó?

Y, sobre todo:

¿la calidad corresponde al precio?

No hace falta acusar a nadie para formular esas preguntas.

Basta recordar algo que en ocasiones parece olvidarse:

el dinero público no pertenece al gobierno.

Pertenece a quienes lo pagan.

La ciudad de las dos reglas

Pero quizá uno de los daños más profundos ocurre cuando los ciudadanos empiezan a creer que existen dos Cuernavacas.

Una para quien cumple.

Y otra para quien tiene relaciones, influencia o simplemente aprendió a operar fuera de las reglas.

El comerciante formal paga permisos.

Impuestos.

Licencias.

Renta.

Nómina.

Protección Civil.

Uso de suelo.

Y una larga lista de obligaciones.

Mientras tanto, cada negocio que opera irregularmente ante la tolerancia de la autoridad envía un mensaje devastador:

cumplir puede salir más caro que incumplir.

Ése es uno de los peores incentivos que puede producir un gobierno.

Porque una ciudad no se descompone solamente cuando alguien viola la ley.

También se descompone cuando respetarla deja de tener sentido.

¿Qué estamos pagando?

Y entonces todas estas historias empiezan a conectarse.

Basura.

Agua.

Seguridad.

Ambulantaje.

Obra pública.

Servicios.

No son problemas idénticos.

Ni necesariamente tienen la misma causa.

Pero todos desembocan en una pregunta que cualquier ciudadano tiene derecho a hacer:

¿qué estamos pagando?

No solamente con impuestos.

También con tiempo.

Con calidad de vida.

Con negocios que pierden clientes.

Con horas sin agua.

Con calles deterioradas.

Con miedo.

Con resignación.

Y quizá ésa sea la factura más cara de todas.

La costumbre.

Porque cuando una ciudad se acostumbra al deterioro, el gobernante ya ni siquiera necesita convencerla de que las cosas están bien.

Le basta con convencerla de que no pueden estar mejor.

Y eso es falso.

Cuernavaca no está condenada a ser una ciudad sucia.

No está condenada al desorden.

No está condenada a vivir sin agua.

No está condenada a tener miedo.

No está condenada a obras cuestionadas ni a servicios deficientes.

Cuernavaca no se cayó sola.

Durante años la fueron dejando caer.

Administración tras administración.

Decisión tras decisión.

Omisión tras omisión.

Y quienes gobiernan hoy tienen una responsabilidad que no pueden trasladar eternamente al pasado:

levantarla.

No con discursos.

No con fotografías.

No con campañas.

Con resultados.

Los ciudadanos ponen el dinero.

El gobierno lo administra.

Los resultados deberían estar a la vista.

En Cuernavaca S.A. de C.V. llevamos demasiado tiempo pagando la cuenta.

Ya va siendo hora de exigir el recibo.

Nos seguimos leyendo, pulgas.

Se fue Nissan.

Y con ella, miles de empleos directos e indirectos ligados a una industria que durante décadas formó parte de la identidad económica de Morelos.

Pero el problema es todavía más grande.

No estamos perdiendo solamente una empresa. Estamos perdiendo el tipo de estado que alguna vez aspiramos a ser.

Con la llegada de Nissan a Morelos en la década de los sesenta comenzó a construirse algo raro —y valioso—:

vocación industrial.

La Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC) nació en 1966 con una idea bastante clara: impulsar el desarrollo económico y evitar que Morelos dependiera únicamente de los servicios y del turismo.

Ahí se instaló el primer complejo de manufactura de Nissan fuera de Japón.

Piénselo un momento.

Fuera de Japón.

De ese tamaño era la apuesta.

Y de ese tamaño es también lo que hoy está en juego.

Porque una planta industrial no es solamente el edificio donde se ensamblan automóviles.

A su alrededor aparecen proveedores.

Transportistas.

Ingenieros.

Técnicos.

Comercios.

Servicios.

Familias enteras.

Una fábrica genera un ecosistema.

Y cuando desaparece, el problema no termina en la puerta de la fábrica.

Empieza ahí.

La pregunta entonces no es solamente por qué se fue Nissan.

La pregunta verdaderamente importante es:

¿qué va a ocupar su lugar?

El Gobierno de Morelos ha planteado destinar las instalaciones a un centro deportivo y cultural.

Y no hay nada malo en el deporte.

Tampoco en la cultura.

El problema es confundir una política social con una estrategia de desarrollo económico.

Un parque puede mejorar una comunidad.

Una cancha puede transformar la vida de un joven.

Un espacio cultural puede enriquecer una ciudad.

Pero ninguna de esas cosas sustituye por sí sola una planta industrial, sus empleos, su cadena de proveedores, su conocimiento técnico y la actividad económica que genera alrededor.

No estamos hablando de metros cuadrados.

Estamos hablando de vocación económica.

Y ahí aparece una contradicción difícil de ignorar.

A pocos kilómetros está el Parque Alameda, un espacio que durante años ha mostrado señales de deterioro y abandono.

Entonces vale la pena preguntar:

¿Necesitamos crear nuevos espacios públicos o demostrar primero que somos capaces de mantener los que ya tenemos?

Pero hay una pregunta todavía más importante.

¿Qué Morelos imagina este gobierno para dentro de veinte años?

Porque el desarrollo económico no consiste únicamente en apoyar pequeños comercios, ferias, mercados o emprendimientos.

Todo eso importa.

Pero una economía no puede construirse solamente alrededor del consumo y la subsistencia.

También necesita inversión.

Industria.

Tecnología.

Infraestructura.

Capital humano.

Empleos especializados.

Cadenas productivas.

Y, sobre todo, una estrategia capaz de atraer empresas que quieran quedarse durante décadas.

Eso fue lo que representó CIVAC.

No era perfecta.

Pero representaba una idea.

Morelos podía fabricar cosas.

Podía exportarlas.

Podía formar técnicos.

Podía atraer inversión internacional.

Podía competir.

Podía producir.

Por eso la salida de Nissan debería provocar algo mucho más serio que nostalgia.

Debería provocar una discusión sobre el futuro económico del estado.

¿Qué industrias queremos atraer?

¿Qué ventajas puede ofrecer Morelos?

¿Qué infraestructura necesita?

¿Qué talento debemos formar?

¿Qué empresas podrían ocupar el espacio económico que Nissan deja detrás?

Y, sobre todo:

¿existe realmente un plan?

Porque anunciar actividades para un inmueble es relativamente sencillo.

Construir una nueva vocación económica para un estado es otra cosa.

Requiere años.

Requiere inversión.

Requiere conocimiento.

Requiere continuidad.

Y requiere algo que escasea demasiado en la política:

pensar más allá del próximo evento y de la próxima fotografía.

Una fábrica se puede cerrar en un día.

Una vocación industrial tarda décadas en construirse.

Y cuando un gobierno sustituye una estrategia de desarrollo por una lista de ocurrencias, el problema no es solamente lo que se fue.

Es no saber qué poner en su lugar.

Morelos alguna vez quiso fabricar automóviles.

Hoy la pregunta es mucho más sencilla.

¿Qué quiere fabricar su gobierno para el futuro?

Nos seguimos leyendo, pulgas.

Las margaritas se deshojan en silencio… hasta que alguien empieza a contar los pétalos.

Morelos vive un momento histórico.

Por primera vez, una mujer ocupa la máxima responsabilidad política del estado. Es gobernadora, jefa del Ejecutivo o, como suele decirse en el barrio, la mera, mera.

Después de sus primeros meses de gobierno, Margarita González Saravia comenzó a mostrar el estilo que marcaría su administración.

Mucho anuncio.

Mucha conferencia.

Mucho evento.

Una narrativa optimista que buscaba transmitir que Morelos había iniciado una nueva etapa.

El problema apareció cuando esa narrativa tuvo que enfrentarse con algo mucho más difícil de controlar:

la realidad.

Y una de las primeras grandes pruebas llegó con las desapariciones de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

No era una crisis cualquiera.

Había jóvenes desaparecidas.

Había familias esperando respuestas.

Había miedo entre estudiantes.

Y había una pregunta elemental que ninguna campaña de comunicación podía resolver:

¿Puede una joven ir a estudiar en Morelos y regresar segura a su casa?

Ante el hartazgo y la falta de respuestas, estudiantes salieron a las calles.

Exigían algo que no debería ser extraordinario.

Seguridad.

Información.

Investigaciones.

Y respuestas.

Con las jóvenes todavía alrededor del Palacio de Gobierno, aparecieron dos de los principales funcionarios de la administración: el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, y el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García.

Anunciaron que abrirían las puertas del Palacio y ofrecieron diálogo.

El gesto podía ser correcto.

El problema era que la crisis exigía mucho más que una puerta abierta.

Porque escuchar a las víctimas es indispensable.

Pero escuchar no sustituye investigar.

Dialogar no sustituye prevenir.

Y una conferencia de prensa no sustituye resultados.

En política se dice que la forma es fondo.

Aquí también lo fue.

Mientras dos de los principales operadores del gobierno intentaban contener políticamente la crisis, afuera seguían creciendo las preguntas.

¿Qué estaba ocurriendo con las estudiantes?

¿Existía algún patrón detrás de las desapariciones?

¿Había relación entre algunos casos?

¿Qué estaban investigando las autoridades?

¿Había presencia de grupos criminales alrededor de los espacios universitarios?

Las preguntas crecían más rápido que las respuestas.

Y ése era precisamente el problema.

Porque una desaparición no debería convertirse primero en escándalo público para después convertirse en prioridad gubernamental.

Ninguna persona desaparece de la nada.

Hay horas previas.

Hay lugares.

Hay contactos.

Hay cámaras.

Hay teléfonos.

Hay recorridos.

Hay información.

Y para encontrarla se necesita algo mucho más importante que una buena estrategia de comunicación:

inteligencia.

La gobernadora tardó en colocarse personalmente al frente de la respuesta pública.

Cuando finalmente lo hizo, presentó la llamada Propuesta Integral de Seguridad Universitaria.

Entre las medidas anunciadas destacó la instalación de miles de cámaras de videovigilancia.

La propuesta sonaba impresionante.

Pero una cámara tiene una limitación bastante importante:

graba.

No investiga.

No analiza por sí sola una red criminal.

No sigue dinero.

No identifica complicidades.

No sustituye policías capacitados.

No reemplaza ministerios públicos.

Y, sobre todo, no sirve de mucho si detrás de ella no existe una estructura capaz de convertir imágenes en inteligencia y la inteligencia en resultados.

Ése era el verdadero examen para el gobierno de Margarita González Saravia.

No cuántas cámaras podía anunciar.

No cuántas mesas de diálogo podía instalar.

No cuántas conferencias podía ofrecer.

Sino cuántas desapariciones podía esclarecer.

Cuántas podía prevenir.

Y cuántas familias podían recibir una respuesta antes de tener que salir a buscarla por su cuenta.

Gobernar empieza cuando termina el discurso.

Y una crisis de seguridad no se resuelve administrando la percepción de la crisis.

Se resuelve dando resultados.

Margarita González Saravia todavía tenía tiempo para corregir.

Pero necesitaba algo que ningún equipo de comunicación podía fabricar:

resultados tangibles, medibles.

Que se vieran.

Que se sintieran.

Que pudieran contarse.

Porque la plaza pública tampoco necesita cámaras para recordar.

Observa.

Compara.

Y tarde o temprano empieza a arrancar pétalos.

Me quiere.

No me quiere.

Me quiere.

No me quiere…

Y cuando se acaba la margarita, lo único que queda son los resultados.

Nos seguimos leyendo, pulgas.

vive un momento histórico.

Por primera vez, una mujer ocupa la máxima responsabilidad política del estado. Es gobernadora, jefa del Ejecutivo o, como suele decirse en el barrio, la mera, mera.

Después de sus primeros meses de gobierno, Margarita González Saravia comenzó a mostrar el estilo que marcaría su administración.

Mucho anuncio.

Mucha conferencia.

Mucho evento.

Una narrativa optimista que buscaba transmitir que Morelos había iniciado una nueva etapa.

El problema apareció cuando esa narrativa tuvo que enfrentarse con algo mucho más difícil de controlar:

la realidad.

Y una de las primeras grandes pruebas llegó con las desapariciones de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

No era una crisis cualquiera.

Había jóvenes desaparecidas.

Había familias esperando respuestas.

Había miedo entre estudiantes.

Y había una pregunta elemental que ninguna campaña de comunicación podía resolver:

¿Puede una joven ir a estudiar en Morelos y regresar segura a su casa?

Ante el hartazgo y la falta de respuestas, estudiantes salieron a las calles.

Exigían algo que no debería ser extraordinario.

Seguridad.

Información.

Investigaciones.

Y respuestas.

Con las jóvenes todavía alrededor del Palacio de Gobierno, aparecieron dos de los principales funcionarios de la administración: el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, y el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García.

Anunciaron que abrirían las puertas del Palacio y ofrecieron diálogo.

El gesto podía ser correcto.

El problema era que la crisis exigía mucho más que una puerta abierta.

Porque escuchar a las víctimas es indispensable.

Pero escuchar no sustituye investigar.

Dialogar no sustituye prevenir.

Y una conferencia de prensa no sustituye resultados.

En política se dice que la forma es fondo.

Aquí también lo fue.

Mientras dos de los principales operadores del gobierno intentaban contener políticamente la crisis, afuera seguían creciendo las preguntas.

¿Qué estaba ocurriendo con las estudiantes?

¿Existía algún patrón detrás de las desapariciones?

¿Había relación entre algunos casos?

¿Qué estaban investigando las autoridades?

¿Había presencia de grupos criminales alrededor de los espacios universitarios?

Las preguntas crecían más rápido que las respuestas.

Y ése era precisamente el problema.

Porque una desaparición no debería convertirse primero en escándalo público para después convertirse en prioridad gubernamental.

Ninguna persona desaparece de la nada.

Hay horas previas.

Hay lugares.

Hay contactos.

Hay cámaras.

Hay teléfonos.

Hay recorridos.

Hay información.

Y para encontrarla se necesita algo mucho más importante que una buena estrategia de comunicación:

inteligencia.

La gobernadora tardó en colocarse personalmente al frente de la respuesta pública.

Cuando finalmente lo hizo, presentó la llamada Propuesta Integral de Seguridad Universitaria.

Entre las medidas anunciadas destacó la instalación de miles de cámaras de videovigilancia.

La propuesta sonaba impresionante.

Pero una cámara tiene una limitación bastante importante:

graba.

No investiga.

No analiza por sí sola una red criminal.

No sigue dinero.

No identifica complicidades.

No sustituye policías capacitados.

No reemplaza ministerios públicos.

Y, sobre todo, no sirve de mucho si detrás de ella no existe una estructura capaz de convertir imágenes en inteligencia y la inteligencia en resultados.

Ése era el verdadero examen para el gobierno de Margarita González Saravia.

No cuántas cámaras podía anunciar.

No cuántas mesas de diálogo podía instalar.

No cuántas conferencias podía ofrecer.

Sino cuántas desapariciones podía esclarecer.

Cuántas podía prevenir.

Y cuántas familias podían recibir una respuesta antes de tener que salir a buscarla por su cuenta.

Gobernar empieza cuando termina el discurso.

Y una crisis de seguridad no se resuelve administrando la percepción de la crisis.

Se resuelve dando resultados.

Margarita González Saravia todavía tenía tiempo para corregir.

Pero necesitaba algo que ningún equipo de comunicación podía fabricar:

resultados tangibles, medibles.

Que se vieran.

Que se sintieran.

Que pudieran contarse.

Porque la plaza pública tampoco necesita cámaras para recordar.

Observa.

Compara.

Y tarde o temprano empieza a arrancar pétalos.

Me quiere.

No me quiere.

Me quiere.

No me quiere…

Y cuando se acaba la margarita, lo único que queda son los resultados.

Nos seguimos leyendo, pulgas.