¿Comparado con qué?
Bajan los homicidios, caen células criminales, llegan sanciones y avanzan investigaciones. Son buenas noticias. Hasta que uno mira contra qué las estamos midiendo.
PONTE AL DÍA | MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO
Buenos días.
Empecemos con una buena noticia.
Los homicidios en Morelos han bajado.
El promedio diario pasó de 4.3 a 2.1, una reducción de 51%, según los datos presentados ayer por el Gobierno federal.
No es menor. Una reducción de esa magnitud importa y, de mantenerse, indicaría que algo está funcionando.
Ahora viene la parte incómoda.
Morelos terminó julio en séptimo lugar nacional entre los estados que concentraron más homicidios dolosos. En los primeros siete meses del año acumula 563 asesinatos.
Y hay otro detalle: el promedio diario aumentó de 1.6 homicidios en junio a 2.1 en julio.
Así que las dos afirmaciones siguientes son ciertas:
Morelos está mucho mejor que antes.
Y Morelos sigue teniendo un problema extraordinariamente grave de violencia.
Vale la pena recordar ambas.
Porque buena parte de las noticias de ayer tienen esa característica.
SINALOA TIENE MÁS REFUERZOS. TAMBIÉN MÁS GUERRA.
En Concordia, fuerzas federales detuvieron a diez presuntos integrantes de una célula del Cártel de Sinaloa.
Siete son colombianos y tres mexicanos.
El arsenal ayuda a dimensionar qué clase de grupo enfrentaron: 10 armas largas, 60 cargadores y 1,978 cartuchos, además de metanfetamina y equipo táctico.
La presencia de siete extranjeros es llamativa, pero quizá más importante sea el lugar donde fueron encontrados.
La violencia que durante meses se concentró en Culiacán se ha extendido hacia Mazatlán, Concordia, San Ignacio y Rosario, mientras las facciones de Los Chapitos y la estructura ligada a los Zambada disputan el sur del estado.
Hace apenas unos días, la Marina anunció el envío de más de 1,700 elementos adicionales para reforzar la seguridad en Mazatlán.
Y ayer ocurrió algo que ayuda a entender por qué hacen falta.
Unos cinco hombres armados entraron a una vivienda en Culiacán y se llevaron por la fuerza a María de los Ángeles Ruiz Salazar, trabajadora del área de seguridad del penal de Aguaruto.
Acababa de terminar su turno.
La Fiscalía activó el Protocolo Alba y las autoridades desplegaron un operativo para localizarla.
Una célula menos es una buena noticia.
Necesitar otros 1,700 marinos para contener la violencia explica bastante bien el tamaño de la mala.
CINCO AÑOS Y $138,911
Una proveedora del IMSS fue sancionada por proporcionar información falsa relacionada con 120 piezas de Tacrolimus.
El contenido de las piezas no correspondía con lo indicado en sus envases.
Eso sería grave tratándose de casi cualquier medicamento.
En este caso resulta particularmente inquietante.
El Tacrolimus es un inmunosupresor utilizado para evitar que el organismo rechace un órgano trasplantado, como un riñón, hígado o corazón.
Las órdenes de compra fueron firmadas en agosto de 2021.
La sanción llegó ahora:
dos años de inhabilitación y una multa de 138,911 pesos.
Cinco años después.
La autoridad hizo su trabajo.
Eventualmente.
Lo que resulta difícil explicar es la proporción.
Si entregar al sistema público de salud 120 piezas de un medicamento cuyo contenido no corresponde con su etiqueta termina cinco años después en una multa de 138 mil pesos, hay una pregunta bastante sencilla:
¿qué incentivo produce realmente el castigo?
UNA CASA, UN SUELDO Y UNA EXPLICACIÓN PENDIENTE
Araceli Hernández Perea fue directora de compras de la Agencia Nacional de Aduanas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Su sueldo era de aproximadamente 60 mil pesos netos mensuales.
Según publicó Reforma, Hernández y su pareja, Alejandro Arcos Romero, ahora tienen empresas y una residencia valuada en 15.6 millones de pesos en San Antonio, Texas.
Para ponerlo en perspectiva, el valor de la propiedad equivale aproximadamente a 22 años de aquel sueldo íntegro, sin gastar un peso.
Eso no demuestra por sí mismo la comisión de un delito. El patrimonio puede tener explicaciones legítimas y corresponde a las autoridades determinarlo.
Pero hay más contexto.
Arcos ha sido identificado por autoridades de México y Estados Unidos como operador financiero de Florian Tudor, señalado como líder de la llamada mafia rumana en México.
Y actualmente aparece cercano a Rafael Marín Mollinedo, aspirante a la gubernatura de Quintana Roo.
Ayer le preguntaron por el asunto a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena.
Montiel dijo que cualquier ilegalidad debe investigarse y que el partido no protege a nadie.
También enfatizó que Arcos no es militante de Morena y reprochó a los medios intentar “salpicar” al partido.
La precisión puede ser políticamente útil.
Para la pregunta patrimonial, no demasiado.
La cuestión interesante no es qué credencial partidista tiene Alejandro Arcos.
Es cómo se explica el dinero.
Y AYOTZINAPA
Ésta merece particular cuidado.
La FGR sostiene que el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero ordenó a integrantes de su círculo destruir evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Entre ellas estarían videos del Palacio de Justicia de Iguala que habrían registrado momentos del secuestro de algunos estudiantes.
La acusación va más lejos.
De acuerdo con la investigación citada por Reforma, la Fiscalía presume que Aguirre pretendía ocultar supuestos vínculos con Guerreros Unidos y que habría dado instrucciones a distintas policías para ejecutar normalistas.
Son acusaciones extraordinariamente graves.
También son, por ahora, acusaciones.
Una parte central de la imputación proviene del testimonio de una exfuncionaria que busca un criterio de oportunidad con la FGR. Otra exfuncionaria involucrada también negocia beneficios jurídicos.
Eso no hace falsas sus declaraciones.
Pero sí significa que deben ser sometidas a prueba y corroboración.
Y ésa quizá sea la parte más importante de esta historia.
Después de casi doce años de versiones, investigaciones fallidas, expedientes reconstruidos y enormes intereses políticos alrededor de Ayotzinapa, saber quién dice algo importa tanto como saber qué está diciendo.
La nueva investigación plantea una pregunta que durante años estuvo sobre la mesa:
¿hasta dónde llegó la responsabilidad política aquella noche?
Ahora la FGR cree tener una respuesta.
Le toca demostrarla.
Hay un hilo extraño entre todas estas historias.
No es que México esté peor.
Tampoco que esté mejor.
Es que ambas cosas pueden ocurrir simultáneamente.
Morelos puede reducir dramáticamente sus homicidios y continuar entre los estados que más concentran.
Las fuerzas federales pueden detener células criminales mientras necesitan desplegar miles de efectivos adicionales.
Una institución puede sancionar una irregularidad grave y dejar dudas sobre si el castigo guarda proporción con ella.
Una dirigente partidista puede tener razón al decir que alguien no pertenece a su partido y, al mismo tiempo, no responder la pregunta realmente interesante.
Y una Fiscalía puede finalmente acercarse a una explicación sobre Ayotzinapa sin que eso convierta automáticamente su hipótesis en verdad.
Las noticias suelen llegar empaquetadas como victorias o derrotas.
La realidad tiene la mala costumbre de no cooperar.
Por eso quizá la pregunta de esta mañana no sea si México va bien o va mal.
Es una más aburrida.
Y bastante más útil:
¿Comparado con qué?
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