De la mafia rumana a Aduanas y después a la campaña de Morena
La UIF ya lo tenía identificado. El Estado ya sabía.
Esta historia sería escandalosa si el Gobierno hubiera descubierto demasiado tarde quién era Alejandro Enrique Arcos Romero.
Pero es peor.
Ya lo sabía.
En febrero de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó sus cuentas como parte de la Operación Caribe, desplegada contra la estructura financiera de la llamada mafia rumana en México.
Según documentos citados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), las autoridades identificaban a Arcos Romero como uno de los dos principales operadores financieros de la organización encabezada por Florian Tudor.
También lo vinculaban con 14 empresas fachada presuntamente utilizadas para lavar recursos mediante la compra de inmuebles, automóviles y joyas.
No era un rumor.
Estaba en el radar del Estado mexicano.
Y entonces ocurrió algo difícil de explicar.
No terminó lejos del Gobierno.
Terminó dentro.
De las cuentas bloqueadas a Aduanas
En diciembre de 2022, Rafael Marín Mollinedo asumió la dirección de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Y ahí apareció Arcos Romero.
Funcionarios y ex trabajadores consultados por MCCI lo identificaron como secretario particular de Marín Mollinedo durante su primera gestión, entre diciembre de 2022 y junio de 2023.
MCCI encontró además un oficio enviado desde la propia oficina del entonces titular de la ANAM en el que se marcó copia a Arcos Romero.
La cronología es bastante incómoda:
2020. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicita el bloqueo de personas y empresas vinculadas con la red de Florian Tudor.
2021. La UIF bloquea las cuentas de Arcos Romero.
2022. Arcos Romero aparece trabajando en Aduanas.
2026. MCCI lo ubica nuevamente junto a Marín Mollinedo, ahora durante actividades relacionadas con su promoción rumbo a la candidatura de Morena al Gobierno de Quintana Roo.
Cuatro fechas.
Una pregunta:
¿En qué momento dejó de importar lo que el Estado ya sabía?
Porque no apareció precisamente en una oficina de trámites menores.
Apareció en Aduanas.
Una de las instituciones más sensibles frente al contrabando, el lavado de dinero y las redes criminales.
¿Aduanas conocía que sus cuentas habían sido bloqueadas?
¿Quién autorizó su incorporación?
¿A qué información tuvo acceso?
No hacen falta veinte preguntas.
Hace falta una explicación.
Porque México parece haber inventado una modalidad bastante peculiar de control de confianza:
primero te investigan y después te dan acceso.
Y después apareció la política
La historia no terminó en Aduanas.
MCCI asegura haber ubicado recientemente a Arcos Romero nuevamente junto a Marín Mollinedo durante actividades relacionadas con su promoción rumbo a la candidatura de Morena por la gubernatura de Quintana Roo.
Y hay un detalle difícil de ignorar.
La organización de Florian Tudor, con la que las autoridades vincularon a Arcos Romero, desarrolló operaciones precisamente en la Riviera Maya.
Ahora aparece junto a un hombre que busca gobernar ese mismo estado.
Eso no demuestra que exista una actividad ilícita en el proyecto político de Marín Mollinedo.
Pero sí exige una explicación.
¿Morena sabe quién acompaña a quienes buscan gobernar bajo sus siglas?
¿Qué papel desempeña actualmente Arcos Romero alrededor de Marín Mollinedo?
MCCI buscó al ex titular de Aduanas para conocer su versión.
No obtuvo respuesta.
El silencio no demuestra culpabilidad.
Pero tampoco explica nada.
El problema es la puerta
México lleva años construyendo instituciones para perseguir el dinero del crimen.
Congela cuentas.
Investiga empresas fachada.
Intercambia información con Estados Unidos.
Identifica operadores.
El problema aparece cuando alguien que ya estaba en esos archivos termina dentro del propio Gobierno.
Entonces la pregunta cambia.
Ya no es solamente:
¿quién entró?
Es:
¿quién abrió la puerta?
Y ésa es la verdadera dimensión de este caso.
Porque el Estado no puede refugiarse en el clásico:
“No sabíamos.”
Aquí, precisamente, ése es el problema.
La UIF le cerró las cuentas.
Aduanas le abrió la puerta.
Y ahora la política tendrá que explicar qué hace ahí.
El Estado no puede decir que no sabía.
El Estado ya sabía.
La verdad también pica.