La ciudad de las sanguijuelas
Compras cuestionadas, posibles conflictos de interés, decisiones urbanas y un Ayuntamiento obligado a explicar. En Cuernavaca, el problema no es que existan preguntas. Es lo difícil que resulta obtene
Según la Real Academia Española, “sanguijuela” no sólo describe a un animal. También puede referirse a quien vive o se beneficia a costa de otros.
Ya nada parece tener la capacidad de sorprendernos.
La pregunta es otra:
¿Nos estamos acostumbrando a que nos chupen la sangre?
Porque los gobiernos rara vez se deterioran por un solo gran escándalo.
El desgaste suele empezar de otra manera.
Una compra que genera dudas.
Un posible conflicto de interés.
Un permiso difícil de explicar.
Un vehículo oficial utilizado para algo que no corresponde.
Un árbol que desaparece.
Una decisión que nadie termina de justificar.
Por separado pueden parecer historias distintas.
Juntas empiezan a parecer un patrón.
Y eso es precisamente lo que el Ayuntamiento de Cuernavaca, encabezado por José Luis Urióstegui Salgado, tendría que explicar.
Los muebles
Hace unos días, esta Pulga dio a conocer cuestionamientos sobre la compra de mobiliario por parte del gobierno municipal a una empresa presuntamente vinculada con personas cercanas a funcionarios del Ayuntamiento.
El señalamiento involucraba relaciones con el entorno del secretario de Comunicación Social, Jorge Jiménez, y de la secretaria particular del alcalde, Cindy Pérez.
La respuesta de Urióstegui fue que no existía ninguna irregularidad ni actuación fuera de la ley.
Puede ser.
Pero ésa no debería ser la última respuesta.
Debería ser la primera.
Porque cuando una operación pública involucra a personas relacionadas con quienes trabajan dentro del propio gobierno, la pregunta no es solamente si algo es legal.
También hay que preguntar:
¿Existió conflicto de interés?
¿Quién eligió al proveedor?
¿Qué otras propuestas participaron?
¿Era la mejor oferta?
¿Quién autorizó la compra?
¿Se cumplieron todos los procedimientos?
Eso es rendición de cuentas.
No pedirle al ciudadano que confíe.
Darle razones para hacerlo.
SEPRAC
También han surgido señalamientos sobre el uso de recursos públicos dentro de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca.
Entre ellos, presuntos familiares incorporados a la nómina y vehículos oficiales utilizados para fines distintos a las funciones institucionales.
Son señalamientos que deben probarse.
Pero también deben investigarse.
Porque existe una diferencia enorme entre ambas cosas.
No todo señalamiento demuestra una irregularidad.
Pero ignorarlo tampoco demuestra que no exista.
Y cuando hablamos de una institución encargada de proteger a los ciudadanos, el estándar debería ser todavía mayor.
Los árboles
Después llegó la polémica por el proyecto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la colonia Reforma.
La construcción del templo estuvo acompañada por la tala de numerosos árboles, provocando inconformidad entre vecinos y organizaciones.
En una ciudad que durante décadas presumió ser la ciudad de la eterna primavera, cortar árboles maduros nunca debería convertirse simplemente en un trámite administrativo.
Porque un permiso puede ser legal.
Y aun así ser una pésima decisión para una ciudad.
También surgieron cuestionamientos alrededor de la calle Santa Prisca y de los acuerdos vinculados con el proyecto.
Otra vez aparece la misma pregunta.
¿Quién autorizó?
¿Con qué criterios?
¿Qué recibió la ciudad a cambio?
¿Dónde están los documentos?
No debería ser complicado responder.
Y entonces aparecen las sanguijuelas
Quizá ahí está el verdadero problema.
No necesariamente en demostrar que detrás de cada decisión existe corrupción.
Eso corresponde a las autoridades competentes y, cuando exista evidencia, a las investigaciones periodísticas.
El problema está en otra parte.
En acostumbrarnos a que cada decisión pública venga acompañada de una explicación incompleta.
A que preguntar moleste.
A que solicitar documentos parezca una provocación.
A que los posibles conflictos de interés se respondan simplemente diciendo que todo está dentro de la ley.
Porque la legalidad es el piso.
No el techo.
Un gobierno también tiene que demostrar independencia.
Transparencia.
Criterio.
Y cuidado del dinero y del patrimonio que administra.
Porque ese dinero no pertenece al alcalde.
Ni a los secretarios.
Ni a los regidores.
Pertenece a los ciudadanos.
Y quizá por eso la metáfora de la sanguijuela resulta tan incómoda.
Una sanguijuela no necesita llevarse todo de una sola vez.
Le basta con quedarse ahí.
Pegada.
Absorbiendo poco a poco.
Hasta que alguien finalmente mira hacia abajo y pregunta:
¿Cuánto nos ha costado todo esto?
Ésa es la pregunta que el Ayuntamiento debería estar dispuesto a responder.
Con documentos.
Con contratos.
Con nombres.
Con cifras.
No con discursos.
Porque cuando se trata de dinero público, permisos públicos y patrimonio público, la confianza tampoco se regala.
Se demuestra.
Y mientras las respuestas no lleguen, los ciudadanos tienen todo el derecho de seguir contando.
Compra por compra.
Permiso por permiso.
Árbol por árbol.
Gota por gota.
Nos seguimos leyendo, pulgas.