Cuando la justicia desaloja antes de juzgar
Una empresa con 69 años de historia fue desalojada mientras aún existían recursos legales pendientes y una caución depositada. El caso Nissan Cuautla abre preguntas sobre el Poder Judicial y la influe
En Morelos ya no sólo se roban carteras.
Se pueden perder empresas completas.
No con armas.
Con expedientes.
Con sellos.
Con firmas.
Y con decisiones judiciales.
El caso parece sacado de un manual sobre cómo una disputa legal puede convertirse en un problema mucho mayor.
Una empresa con 69 años de historia.
El primer concesionario Nissan del estado.
El último activo tras el cierre de la planta de CIVAC.
Más de 550 familias dependían de ella.
Y, aun así, perdió el inmueble donde operaba.
El 23 de abril de 2026 se ejecutó el lanzamiento de Grupo Iragorri del predio donde se ubicaba su concesionaria en Cuautla.
Hasta ahí podría parecer un litigio más.
Lo que vuelve relevante el caso son las circunstancias en que ocurrió.
De acuerdo con el expediente, el lanzamiento se ejecutó cuando todavía existían cuatro recursos legales pendientes, la sentencia no había causado estado y la empresa ya había depositado 1.8 millones de pesos de caución, precisamente para evitar la ejecución mientras el proceso seguía abierto.
Y, aun así, el desalojo se realizó.
La pregunta ya no es quién ganó un juicio.
La pregunta es por qué se ejecutó una resolución mientras el propio proceso seguía abierto.
Porque cuando una decisión judicial se ejecuta antes de agotarse los recursos previstos por la ley, la confianza en el sistema comienza a deteriorarse.
Y la justicia depende, sobre todo, de la confianza.
Según la investigación de La Pulga, el caso tampoco puede analizarse de manera aislada.
Detrás aparecen nombres, nombramientos y relaciones que merecen escrutinio público.
Entre ellos, el del diputado Rafael Reyes Reyes, identificado en la investigación como una figura con influencia en la integración del Órgano de Administración Judicial, organismo responsable de decisiones relevantes dentro del nuevo Poder Judicial de Morelos.
La investigación también documenta que tres de los cinco comisionados tendrían vínculos políticos con su entorno.
Asimismo, señala que la jueza Teresa Romualdo Adaya, quien ejecutó la resolución, fue nombrada meses antes por ese mismo órgano.
El expediente también refiere que la resolución reconocería no haber analizado diversas defensas presentadas por la empresa, que existían recursos pendientes de resolver y que la caución ya había sido depositada.
Todo ello consta en documentos del propio proceso.
Otro elemento merece atención.
La investigación señala que el abogado de la parte actora mantiene vínculos familiares con una integrante del Órgano de Administración Judicial.
Esa circunstancia no constituye por sí misma una prueba de irregularidad, pero sí plantea un posible conflicto de interés que, en cualquier sistema de justicia, debería revisarse con absoluta transparencia.
Porque la confianza en los tribunales no sólo depende de que las decisiones sean legales.
También depende de que parezcan imparciales.
El fondo del asunto ya no es únicamente un predio valuado en varios millones de dólares.
Es la pregunta que deja este expediente.
¿Puede un ciudadano confiar plenamente en la justicia cuando las decisiones generan más dudas que certezas?
Ésa es una pregunta que no debería responder una columna.
Debería responderla el propio Poder Judicial.
Nos seguimos leyendo, pulgas.