¿Qué oculta un gobierno cuando esconde los contratos?
La Contraloría Municipal apercibió al Ayuntamiento de Cuernavaca para entregar expedientes de obra, contratos y documentación pública. Al momento de esta publicación, parte de esa información seguía s
Hay documentos que un gobierno presume.
Y hay documentos que un gobierno simplemente deja de mostrar.
Cuando eso ocurre, la primera pregunta ya no es qué dicen esos papeles.
La primera pregunta es por qué no los entregan.
Ésa era la pregunta que enfrentaba el Ayuntamiento de Cuernavaca.
Durante una sesión de Cabildo, el regidor Alan Moreno Domínguez denunció que diversas dependencias municipales continuaban sin entregar expedientes de obra pública, contratos, adquisiciones y documentación relacionada con el uso de recursos públicos.
Y había un dato que hacía especialmente relevante el señalamiento:
la propia Contraloría Municipal ya había emitido un apercibimiento para que la información fuera entregada.
No estamos hablando de papeles irrelevantes.
Estamos hablando de documentos que permiten conocer cómo se gasta el dinero público.
Entre la información que, según la denuncia del regidor, permanecía pendiente se encontraba:
Contratos de Comunicación Social.
Expedientes de obra pública.
Rutas y calendarios del programa de bacheo.
Información sobre el destino de materiales adquiridos con recursos públicos.
Documentación administrativa relacionada con la SEPRAC.
¿Por qué importa?
Porque sin esos documentos resulta mucho más difícil responder preguntas bastante elementales.
¿Quién fue contratado?
¿Cuánto se pagó?
¿Qué se compró?
¿Bajo qué condiciones?
¿Y se recibió exactamente aquello por lo que pagaron los ciudadanos?
Ésa es precisamente la función de la transparencia.
No demostrar que existe corrupción.
Permitir comprobar que no la hay.
El antecedente
El asunto adquiere todavía mayor relevancia por un antecedente.
Meses antes se había señalado un presunto sobreprecio del 51% en un contrato para la adquisición de mobiliario adjudicado a una empresa cuyos accionistas, de acuerdo con información publicada entonces, tendrían vínculos con personas relacionadas con el área de Comunicación Social del Ayuntamiento.
Ese señalamiento merece una precisión:
un posible conflicto de interés o una diferencia de precios no demuestra por sí misma la comisión de un delito.
Pero sí justifica algo mucho más sencillo:
abrir los documentos.
Porque si los contratos pueden consultarse, cualquiera puede revisar los proveedores, precios, procedimientos y condiciones de adquisición.
Si no pueden consultarse, ocurre exactamente lo contrario.
Las dudas crecen.
La respuesta
El alcalde José Luis Urióstegui Salgado respondió que corresponde a la Contraloría investigar y, en su caso, sancionar a los funcionarios que incumplan con la entrega de información.
Tiene razón.
Ésa es una de las funciones de la Contraloría.
Pero existe una solución todavía más sencilla que una investigación:
entregar los documentos.
Porque la transparencia no consiste en asegurar que todo está en orden.
Consiste en permitir que cualquiera pueda comprobarlo.
Y cuando hablamos de contratos, adquisiciones y obra pública, no debería tratarse de una concesión del gobierno.
Es información sobre dinero que pertenece a los ciudadanos.
Por eso la pregunta permanece:
si el dinero es público, ¿por qué los documentos no lo son?
Cuando un gobierno deja de mostrar información que debería estar disponible, los documentos dejan de ser un trámite administrativo.
Se convierten en la noticia.